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2ª PARTE:
Cursos de capacitación
Se ha demostrado que, por contratación directa, se simuló la prestación de esos cursos que fueron facturados, pagados y no realizados. Los funcionarios contrataban con empresas registradas pero que eran una máscara destinada a facilitar mecanismos de fraude fiscal mediante venta de facturas.
La causa inicialmente era investigada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1, con la carátula Quintana, Hugo s/ Denuncia, Causa 10.305/1316, posteriormente asignada a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5, y donde interviene el Juzgado de Garantías Nº 3 de San Isidro.
Los fiscales de Instrucción pidieron la elevación a juicio oral de 22 personas acusadas de realizar o participar en las maniobras delictivas, en una investigación que se dividió en dos expedientes, IPP Nº 242.984 y Nº 78.197.
Las personas que se llevarán a juicio oral en el primer expediente, confirmado por el juez de Garantías, son Dora Zorrilla, Rita Susana Martínez de Beggs, Catalina Susana Oriolo, Norma Beatriz Blanco y Miriam Sánchez. El otro expediente tiene ya el pedido de elevación a juicio de otras 17 personas, entre los que hay funcionarios (de la Secretaría de Gobierno, Secretaría General, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Salud, Secretaría de la Producción) y prestanombres varios.
Los fiscales acusadores afirman que se ha acreditado que, en el año 1999, distintos funcionarios públicos de las más altas esferas de la administración municipal, contando con la participación de particulares ajenos a la función pública, defraudaron los intereses que les fueron confiados. En la mayoría de los casos, los cursos se entregaron por adjudicación directa a un grupo de siete empresas: Silver Trade, Nordway, Cidan, Data World, Research Systems, Esycom y Arland. Entendieron que ninguna de las empresas había capacitado al personal del municipio y que se había gastado casi un millón y medio de pesos/dólares en cursos que se contrataban de manera directa con la excusa de que eran productos especiales.
En esta causa, el intendente García sólo declaró como imputado no procesado. Su situación permanece en suspenso y corre el riego de ser procesado, ya que utilizando "superpoderes" otorgados por sus concejales, habilitó partidas presupuestarias que se utilizaron para estas erogaciones. Además, resulta poco creíble que por dos causas (ésta y la "Granara") estén procesados quienes ejercieron la Secretaría General, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Salud, la Secretaría de la Producción, la Secretaria de Hacienda, la Subsecretaría de Hacienda, la Tesorería Municipal y la Contaduría Municipal, y él pretenda hacer creer a la Justicia que nada sabía de las malversaciones. Con mayor razón cuando no existen indicios de que haya abierto sumarios administrativos para investigar los hechos.
Según los fiscales acusadores, se ha acreditado que distintos funcionarios públicos de las más altas esferas de la administración municipal, contando con la participación de particulares ajenos a la función pública, defraudaron los intereses que les fueron confiados.
De los listados de alumnos, más de 60 empleados municipales fueron citados por los fiscales y sólo 7 declararon que habían acudido a clase, en un hotel internacional de Puerto Madero, y de ellos sólo 2 recordaban el nombre de las empresas que los habían capacitado. Ninguno de ellos pudo mostrar un diploma ni pudieron exhibir apuntes de las clases.
Amenazas a la jueza María Coelho
La titular del Juzgado de Transición Nº 1 de San Isidro, quien tiene a su cargo la causa "Granara", ha recibido varias llamadas telefónicas amenazantes. Le recomendaron "dejarse de joder" con las investigaciones y hablaron de sus hijos.
Llama la atención el hecho de que quienes han realizado o instigado las amenazas, conocen detalles del entorno familiar de la jueza y están informados de la agenda diaria de varios de sus familiares. Las más alarmantes le recordaban que tiene 6 hijos y que lo más conveniente era no investigar.
En los dichos del interlocutor anónimo no se menciona ninguno de los juicios que lleva adelante su Juzgado, pero la repetición intermitente de las llamadas hizo que se diseñara una planilla para analizar paralelos cronológicos entre las mismas y algunas resoluciones importantes dictadas por el Juzgado en diversos juicios. La sorpresa los invadió cuando verificaron que cada ola de llamadas se presentaba dos o tres días más tarde de decisiones gravosas para los procesados en la causa "Granara".
No fue posible ubicar a los autores de las llamadas. Cuando identificaron a los dueños de los celulares de origen, comprobaron que se trataba de bolseros titulares de muchos aparatos que habían vendido y era imposible descubrir el usuario actual.
Ante la persistencia de los llamados, la Dra. Coelho debió cambiar su número telefónico.
Los delincuentes que amenazaron demuestran tener un apoyo logístico muy especial, compatibles con grupos de tinte mafioso. Se necesita una estructura con mucha experiencia y poder para obtener la información de que hicieron gala en las llamadas telefónicas. “Un deber de conciencia”
La ex secretaria de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Vicente López, Dora Zorrilla, acusada de defraudación al patrimonio del Estado, en un caso inédito en los anales de la Justicia devolvió parte del dinero sustraído.
La contadora presentó un escrito dirigido al fiscal de la causa por la cual deberá afrontar el juicio oral por los cursos de capacitación, y acompañó boletas de depósito por la suma total de $1.230.954 en una cuenta de la Municipalidad de Vicente López en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El escrito es curioso: la ex funcionaria devuelve parte del dinero y dice que "es un deber de conciencia presentarme por este medio ante el señor juez para manifestar que ni el intendente ni los demás funcionarios tienen claro conocimiento de los cursos que dieron origen a esta investigación. Mas allá de la total ausencia de dolo en las conductas reprochables en estas actuaciones, no me cabe duda de la responsabilidad que me cabe desde la función. Es mi deseo reparar, en la medida de lo posible, el perjuicio sufrido por la comuna y como ya dije es un deber de conciencia".
La suma se corresponde con parte de las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas al ejercicio 1999, pero se omite mencionar que el dinero sustraído eran pesos/dólares.
Los fiscales ignoraron esa presentación y no cambiaron la carátula de la causa.
Hay quienes sostienen que Zorrilla pretendía mejorar su posición procesal con una estrategia de defensa que permita a los jueces aplicarle una figura penal más leve que la de “defraudación”. Ella quiere decir que cometió errores que permitieron el fraude de terceros ajenos al municipio.
Sin embargo, ese análisis no resulta creíble, debido a que sabe que las pruebas la llevarán a una condena. Recordemos que su marido está fuertemente involucrado. Posiblemente esté mandando una señal engañosa a los otros procesados, diciéndoles que ella asume todas las culpas, les asegura que se queden tranquilos y que no sucumban a la tentación de hablar y desnudar la trama de todos los responsables.
El temor de Zorrilla y de otros imputados es que aquellos procesados con responsabilidad menor expliquen con lujo de detalles cómo los presionaron para firmar cierta documentación comprometedora y qué sucedió en distintas áreas del municipio luego de conocer la existencia del juicio.
En el escrito de requerimiento de elevación a juicio oral, los fiscales no muestran dudas. Están convencidos de que se trató de una maniobra planificada desde el interior del municipio, con la participación de muchas personas y para mantener una caja política. Las excusas intentadas por varios de los procesados no son creíbles y el fiscal de juicio pedirá las penas que correspondan a cada uno de ellos.
A modo de conclusión
La Argentina decidió terminar con la impunidad de quienes, detentando un poder temporal, buscan un provecho personal en detrimento del resguardo de los derechos, garantías y obligaciones del pueblo.
La corrupción instalada en la Argentina debe cesar, y un punto clave de este proceso debe llevarse a cabo en ciertos municipios, donde la total falta de ética, moral y representación popular es moneda corriente. |
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