A García se le achican los espacios, pero logra postergar el juicio oral

Por estas horas, el juicio oral que pesa sobre el imputado intendente Enrique García a raíz de diversos hechos vinculados a la corrupción administrativa, pareciera ir mostrando nuevas facetas. Una de las causas, la que se encuentra a la espera de una resolución -pedido de nulidad- en la Cámara Penal Nº1 de San Isidro no atendería la exigencia del imputado. En este caso, el jefe comunal deberá recurrír a otra instancia superior: la Cámara de Casacíón. Pero si la Cámara considerara que el imputado no mereciera sentarse en el banquillo de los acusados, entonces será el fiscal general Julio Novo quien apele la medida. El fiscal, cabe destacar, tiene una muy buena relación con el andamiaje político regional y en particular con el jefe comunal de Vicente López.Paralelamente a esta causa, en el juzgado de la jueza María Cohelo se tramita la otra, que también tiene en la mira al imputado Enrique García. Si bien la magistrada tiene todo listo para la elevación a juicio, diversas presentaciones legales interpuestas por la defensa, produjeron la demora del proceso. La causa está en Casación y por estas horas la Corte provincial requirió los cuerpos al juzgado. Por otra parte, la imputada Dora Zorrilla, ex Secretaria de Hacienda y funcionaria de extrema confianza del intendente, aguarda su juicio oral. En este caso, Zorrilla espera que la Cámara de Casación la libere de un complejo juicio que podría derivar en una sentencia negativa.Habrá que recordar que el intendente, al igual que otros imputados, son acusados -por el fiscal, causa Nº1316-, de diversos delitos: malversación de fondos, el pedido de coimas y de incumplimiento de funcionarios públicos. En total son 61 cargos que se le endilgan al jefe comunal y al resto de los involucrados. Las maniobras que describen la ruta del delito -tal cual se desprende de los expedientes judiciales-, dan cuenta de que la administración García contrató durante los años 90 (en forma directa) a empresas fantasmas o “truchas”, que debían ofrecer cursos de capacitación para el personal municipal. Dichos cursos “nunca se dieron”, afirman desde la fiscalía. Sin embargo, el municipio pagó millones de pesos/dólares. Otro servicio por el que pagaron millones y tampoco fueron ofrecidos, fue el de Data Entry -ampliar info en versión digital en www.diariolonuestro.com.ar-.Si bien la situación de García es muy comprometida, algunos sectores de la comunidad política de Vicente López vislumbran que el poder de convencimiento del intendente, y su muy buena relación con sectores judiciales, podría prevalecer sobre el imperio de la ley. Mientras tanto, el jefe comunal procura demostrar vía judicial, que él nada tuvo que ver con los delitos en danzas. Porque en el ámbito político, por ahora, lo tiene todo bajo control: el apoyo que le brinda un sector del Frente para la Victoria de Vicente López -diputados y concejales- impide un mejor esclarecimiento de la verdad.

Fuente: DiarioLoNuestro.com.ar
Foto: El intendente en la reunión de los radicales K con Anibal Fernandez y Cobos