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FRENTE AMPLIO PROGRESISTA - LISTA 134

Plan de Gestión Legislativa: Acuerdo Cívico y Social (ACS)

LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA PRODUCTIVA


La producción argentina no se reactivará ni desplegará sus capacidades mientras se la ahogue con políticas que

afectan su rentabilidad, traban el comercio y resultan extremadamente distorsivas.

Por eso proponemos:

• Impulsar de modo consistente el desarrollo de las diversas redes productivas agroindustriales, a partir de una
  fuerte articulación entre la producción, comercialización, distribución, logística, transporte e industria.
• Facilitar e incentivar las exportaciones al mercado mundial de productos originados en nuestras economías regionales.
• Reducir y segmentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias sin que ello comprometa la solvencia fiscal.
• Promover la transición desde la producción de recursos naturales (energéticos, forestales, mineros, pesqueros) e
  insumos industriales básicos (aluminio, petroquímica, siderurgia) hacia el mundo de los productos diferenciados.
• Estimular la expansión de la producción de servicios informáticos y de la industria del software. Esto requiere
  de una mayor calificación de los recursos humanos y del fortalecimiento del sistema de innovación.
• Fortalecer a las empresas pequeñas y medianas.
• Recuperar los niveles salariales malversados por las mentiras estadísticas.

Estas son las fuerzas que nos permitirán avanzar en la superación de la crisis local y aprovechar las oportunidades
que se nos ofrecen para el desarrollo sostenido de la Argentina.

EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO

Sin un federalismo fuerte la economía productiva no podrá desarrollarse plenamente y languidecerá a merced de
la discrecionalidad y la arbitrariedad del centralismo. Hoy sabemos que un federalismo moderno al servicio de
regiones con elevada competitividad y mejor calidad de vida de los ciudadanos, debe estar basado en políticas que
combinen atribuciones en manos del gobierno central y locales. Las funciones a cargo de las provincias y municipios
deben estar adecuadamente financiadas, por lo que resulta indispensable que las provincias recuperen la
capacidad fiscal que les ha sustraído el gobierno justicialista de los Kirchner.

Por eso proponemos:

• Recuperar para las provincias la capacidad de impulsar políticas productivas adecuadas y el financiamiento de
  políticas de compensación de los servicios transferidos (educación, salud, agua potable).
• Asignar a las provincias el 15% de la Coparticipación que le fuera sustraído durante la década menemista para
  financiar la seguridad social nacional, garantizando al mismo tiempo la sustentabilidad del sistema previsional.
• Regular el uso de los Aportes del Tesoro Nacional, para que efectivamente subsidien los desequilibrios financieros
  provinciales y apoyen así las políticas autónomas locales.

Por supuesto, la aspiración de fondo debe ser la sanción de la ley de coparticipación federal como establece la
Constitución, pero mientras se la discute estas son las herramientas que permitirán a los gobiernos provinciales,
los que más cerca están de las necesidades y de las posibilidades productivas del país, disponer lo necesario
para realizarlas de la mejor manera posible.

LA REGENERACION DE LA COHESION SOCIAL

La paz social y la seguridad pública no llegarán mientras las políticas sociales sigan condenando a los pobres a la
desigualdad y la ausencia de políticas de seguridad sigan alentando la privatización de la seguridad para los ricos
y la proliferación del delito, que victimiza especialmente a los sectores populares.

Por eso proponemos:

• Un ingreso mínimo de carácter universal, basado en la sola condición de ciudadanía destinado a los niños, independientemente de la situación laboral de los padres.
• Una asignación universal para la vejez, que garantice a todos los mayores de 65 años un ingreso mínimo de
  subsistencia independiente de sus aportes jubilatorios.
• Un Seguro Universal de Reinserción para los desempleados, condicionado a la actualización de sus capacidades
  laborales.
• La extensión del seguro de salud a los desocupados y la mejora de los servicios públicos de salud.
• La protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas a través de la garantía efectiva de
  cumplimiento de las leyes de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral y anticoncepción quirúrgica, y
  de la aplicación plena del artículo 86 del Código Penal sobre los abortos no punibles.
• La consolidación de la paridad de género en las responsabilidades familiares, la administración pública, y la
  representación política dentro y hacia fuera de los partidos políticos, como así también en el ámbito sindical.
• Una ley de Educación Superior que promueva el pluralismo, la investigación y, especialmente, la vinculación de
  las universidades con la sociedad y el mundo del trabajo.

Los chicos, las mujeres y los desocupados no son sólo el futuro de la Argentina, sino su presente oprimido:
garantizar su acceso a la educación y la salud implica removerlos de las redes del delito y crearles las condiciones
para que realicen sus mejores posibilidades.

EL CONTROL Y LA CALIDAD INSTITUCIONAL

Las instituciones republicanas no funcionarán como corresponde mientras se concentre todo el poder político y
fiscal en la Presidenta, se falsifiquen las estadísticas y se desmantelen a los organismos de control. Ello sólo
caracteriza a una parodia de una democracia constitucional y se asemeja a un poder feudal sin límites.

Por eso proponemos:

• La sanción definitiva de la ley de acceso a la información pública.
• La sanción de una ley que regule la utilización de la publicidad oficial, para terminar con el escandaloso uso que
  hace el gobierno para premiar o castigar adeptos o disidentes.
• La derogación de los superpoderes presupuestarios y la disminución y control de los fondos fiduciarios, para
  que los representantes del pueblo y de las provincias le aseguren a la ciudadanía que se ha de gastar lo que
  dispongan sus representantes en el Congreso.
• La normalización del INDEC como entidad autárquica administrada por funcionarios independientes del poder político.
• El fortalecimiento de la Auditoría General de la Nación a través de una reforma que otorgue la mayoría del
  colegio de auditores a la oposición parlamentaria.
• La ampliación de las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, para que efectivamente pueda
  investigar y perseguir judicialmente la corrupción.
• La reglamentación de los informes y de la asistencia del Jefe de Gabinete a las Cámaras del Congreso, para
  asegurar que el gobierno nacional rinda cuentas de su gestión como manda la Constitución.

Sólo con instituciones que garanticen efectivamente a la ciudadanía los instrumentos para conocer las políticas
del gobierno, discutirlas y defender sus derechos frente a los abusos podremos los argentinos instar a los
gobiernos a consensuar sus políticas y rectificar sus rumbos equivocados para el beneficio de toda la nación.

LA GARANTIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TODOS

No habrá seguridad ni justicia para todos mientras las agencias estatales que deben garantizarlas operen con
legislación vetusta e inadecuada para prevenir y perseguir los delitos complejos, juzgar a sus responsables y crear
las condiciones necesarias para evitar la reincidencia.

Por eso proponemos:

• La Reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal, para convertirla en una agencia federal de investigaciones
  profesionalizada y especializada en prevenir e investigar delitos complejos.
• La Reforma del Código Procesal Penal de la Nación, para intensificar el sistema acusatorio que dispone la Constitución, crear fiscalías especializadas, con facultades y aptitudes técnicas para perseguir delitos sencillos de
  complejos, otorgar mayores garantía s a las víctimas, hacer los procedimientos más ágiles y eficientes, para
  arribar muy rápidamente a la instancia oral.
• La sanción de un nuevo régimen penal juvenil, para que los menores infractores de la ley penal reciban una sanción,
  que guarde proporción a su falta de madurez, pero también los mismos derechos que cualquier imputado.
• La sanción de una nueva ley del Consejo de la Magistratura que garantice la independencia de los jueces, dejando
  sin efecto la nefasta reforma kirchnerista.
• La reforma integral de la Ley de Armas, que asegure un financiamiento y capacidades institucionales adecuadas
  al Registro Nacional de Armas, para evitar la proliferación de armas reutilizadas en delitos.
• El fortalecimiento del control sobre el Sistema Penitenciario, para eliminar la corrupción de su administración y
  garantizar a los condenados condiciones de vida que les permitan regenerar su comportamiento y reinsertarse en la
  vida social.

Sólo con una Policía, un Ministerio Público, un Poder Judicial y un Servicio Penitenciario eficientes, siguiendo
una clara política criminal del estado, adaptados a la complejidad que presenta el delito en tiempos modernos,
podrá garantizarse a los argentinos que habrá seguridad en las calles y en los hogares, y que la infracción a la
ley será sancionada por una justicia independiente, cualquiera sea la condición de la víctima.

LA REINSERCION EN LOS FOROS MUNDIALES

El escenario internacional ha cambiado, no hay espacio para una política exterior de baja intensidad y nulo compromiso.
El multilateralismo es el único camino a recorrer si queremos proteger la paz, la seguridad y el bienestar
de los argentinos. Múltiples foros internacionales se abocan a cambiar las reglas fracasadas. Allí hace falta el
prestigio perdido de la política exterior argentina, constructora de confianza, hermanada con los países vecinos,
demoliendo arcaicas hipótesis de conflicto, tomando riesgos a favor de la amistad, de la cooperación y de los
intereses de nuestros pueblos. La construcción de confianza y la práctica de la cooperación elevarán nuestra voz
en un mundo que cambia a pasos agigantados.

Seamos claros, nuestro país no será respetado ni será capaz de influir efectivamente en los asuntos internacionales,
mientras su política exterior consista en despreciar a los países centrales y a los organismos multilaterales, sembrar
discordia con los socios regionales y arrogarse patéticamente la calidad de ejemplo para enseñar al mundo qué hacer.

Por eso proponemos:

• La coordinación sistemática de las posiciones a sustentar en los foros multilaterales con los restantes países de la
  región y desde allí con todos los países del mundo que compartan las ideas democratizadoras del sistema internacional.
• El impulso a una reforma de los organismos de crédito y de la Organización Mundial de Comercio que fortalezca el
  comercio mundial, que atienda a las necesidades de los países emergentes y proteja la producción y el trabajo nacional.
• La resolución definitiva de las numerosas disputas que enfrentan entre sí a muchos de nuestros vecinos, generando una situación de empeoramiento manifiesto del clima de cooperación que disfrutamos desde el advenimiento democrático.
• El restablecimiento de la idea fuerza que dio origen al Mercosur: una plataforma para ocupar un lugar en el
  mundo y no un espacio para confrontaciones comerciales accesorias, que ni siquiera dirime las principales
  controversias regionales.
• Considerar los trabajos internacionales por la preservación del ambiente como una alta prioridad nacional,
  participar activamente en los foros que se ocupan del cambio climático. Comenzando por abandonar las irrisorias
  y vergonzosas políticas nacionales sobre la materia.
• Ser activos y respetables en los acuerdos de cooperación en la lucha contra los delitos internacionales, a saber:
  el crimen organizado, la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la trata de
  personas de personas, etc.

Argentina obtuvo los mayores beneficios de sus relaciones exteriores cuanto más confiable y constructivo se
mostró el país en la arena internacional, pues la confianza y la cooperación son las bases para el beneficio mutuo
en la comunidad de naciones.

EN CAPITAL FEDERAL: ALFONSO PRAT GAY, RICARDO GIL LAVERDA, ELISA CARRIÓ. LISTA Nº 509.

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: MARGARITA STOLBIZER, RICARDO ALFONSÍN, MARIO BARBIERI. LISTA Nº 510.

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Conocé al Candidato: Lic. Marcela Virginia Rodríguez

Lic. Marcela Virginia Rodríguez es abogada (diploma de honor) de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una Maestría en Derecho, Law School, Yale University (EE.UU.). Es Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires desde 2001 por el ARI, integrando el Bloque de la Coalición Cívica (ARI-GEN-UPT) y el Interbloque del Acuerdo Cívico y Social (CC-PS-UCR).

Se desempeñó como Consejera del Consejo de la Magistratura de 2002 a 2006. Fue asesora del Consejo para la Consolidación de la Democracia y de la Convención Nacional Constituyente de 1994. Fue investigadora del Centro de Estudios Institucionales de Buenos Aires. También fue docente de grado y de posgrado Facultad de Derecho, de la Universidad de Buenos Aires.

Trabajó como Consultora del Banco Mundial en proyectos de reformas de la administración de justicia y género. Es Socia-Fundadora de la Asociación por los Derechos Civiles. Fue Codirectora de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Vicente López (premiado por ONU como Municipio Destacado de América Latina y el Caribe, 1998). Tiene una amplia experiencia como capacitadora judicial de entrenadoras/es judiciales para América Latina en el Proyecto Hacia una Jurisprudencia de la Igualdad, Asociación Internacional de Mujeres Juezas-BID.

Es autora de consultorías, entre ellas Reformas judiciales, acceso a la justicia y género, Fundación Ford. Es Directora del Grupo Justicia y Género del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Es autora de iniciativas legislativas sobre derechos humanos, derecho constitucional, justicia y género. Ha publicado numerosas obras sobre derechos humanos, derecho constitucional, administración de justicia y género.

En cuanto a su gestión legislativa, ocupa el cargo de Vicepresidenta 3º de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y es integrante de las Comisiones de Justicia, Juicio Político, Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamentos (Secretaria), Comisión Especial Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, y Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Actualmente, es candidata 4º a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires por el Acuerdo Cívico y Social (ACS), coalición programática que reune a la Coalición Cívica (CC), al Partido Socialista (PS) y a la Unión Cívica Radical (UCR).

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Conózcame: Lic. Ricardo Alfonsín

Como muchos de ustedes saben nací en Chascomús en 1951 y soy el tercero de los seis hijos que tuvieron Raúl Alfonsín y Lorenza Berreneche.

En 1982 me casé con Cecilia Plorutti con quien tuve cuatro hijos.

Mi formación siempre estuvo vinculada a la educación pública: me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires y, desde entonces, ejerzo la profesión.

Siendo más joven, mientras estudiaba, trabajé como vendedor de mechas para tornos industriales en el Gran Buenos Aires y luego fui docente en colegios secundarios.

En política me concentré en el fortalecimiento y en la renovación de la Unión Cívica Radical. En función de ello, con un grupo de amigos creamos la línea interna “Radicales para el Cambio”.

Además, en 1999 el pueblo de Buenos Aires me honró con su voto para que los represente como legislador provincial. Asumí el cargo con la convicción de que el apellido y la trayectoria no deben ser utilizados “testimonialmente” para estafar a los ciudadanos.

Así lo haré a partir de diciembre, si ustedes me acompañan con su voto para que asuma una banca en el Congreso de la Nación y, desde allí, promover políticas de Estado que beneficien a los bonaerenses en particular y a la Argentina en general.

Lic. Ricardo Alfonsín (UCR)

Candidato a Diputado de la Nación Argentina

Acuerdo Cívico y Social (ACS)

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